Las dos caras (complementarias) de la retrógrada reforma de la educación. 1a Parte

Agustín de Argüelles escribió en su Discurso Preliminar a la Constitución de 1812[1], que “El Estado, no menos que de soldados que le defiendan, necesita de ciudadanos que ilustren a la nación y promuevan su felicidad con todo género de luces y conocimientos. Así que uno de los primeros cuidados que deben ocupar a los representantes de un pueblo grande y generoso es la educación pública”. Lo releí el otro día y pensé que rara vez en la historia de mi país (España) ha sido así. La derecha y el centro derecha, no sólo han sido refractarios a la educación pública, sino que han procurado de toda manera posible, acabar o, al menos, dejarla como locus marginalis del sistema educativo; pero, la socialdemocracia tampoco ha sido afecta a ella, baste recordar, por ejemplo, a qué colegios han llevado a sus vástagos (normalmente colegios privados elitistas o privados equívocamente denominados concertados –enmascarando que son privados pagados con fondos públicos). Incluso algunos de sus docentes, i.e. de los responsables de su funcionamiento, han desconfiado tanto de su importancia, que a imitación de sus líderes políticos, han preferido la privada a la escuela pública en donde está su trabajo y su responsabilidad social.

Por eso, no puedo menos que sentirme esperanzado, en las horas de infortunio que estamos viviendo, por tantas y tan diversas voces se han alzado defendiendo la escolaridad pública y lo público, en educación, en sanidad, en la administración, en los servicios, etc. Yo quisiera contribuir a ello, muy modestamente, analizando lo que he denominado las dos caras de una reforma retrógrada en educación. Al menos por intentar introducir algo de claridad y racionalidad, si fuera posible, para atenuar los lemas, las consignas y los lugares comunes que aspiran a parecer verdades simplemente por su machacona repetición en los medios.

Las medidas que está tomando el Ministro Wert en educación poseen a mi juicio dos lados que corresponden con las dos vertientes que han adoptado especialmente desde la entrada en el juego político de gobiernos neoliberal-conservadores a finales de los ochenta en Norteamérica y en el Reino Unido. Dichos gobiernos, como acabo de señalar, conjuntaban dos visiones políticas que aunque no completamente disímiles, sí enfatizaban posiciones ideológicas propias: economicista una y reaccionaria otra[2]. Comencemos por la primera y dejaremos para otro artículo la segunda.

A tenor de los documentos a los que hemos podido acceder[3], el Ministerio se propone conectando con el más rancio neoliberalismo mercantilizar el sistema educativo, especialmente la escolaridad pública. La mercantilización no supone una privatización directa; no se trata de ‘verder’ las escuelas públicas, como quien ‘vende/privatiza’ las

Cajas de Ahorro o el Canal de Isabel II. La cuestión en más sutil y se resumiría en dos objetivos conjuntos: cómo aumentar la escolaridad privada, reduciendo la pública y cómo hacer que la pública quede a merced de una especie de presión mercantilista. La respuesta es doble: Centralizar el control y descentralizar las responsabilidades[4].

En esta clave, me parece, deberíamos leer varios de los objetivos que el Anteproyecto señala. Veámoslo. Por un lado, se pretende limitar el contenido del curriculum, en razón de lo que se evalúa en PISA (aumentando su presencia en cantidad de horas lectivas y reduciendo otros contenidos), y a ello se le añade las pruebas censales que se implantarán al final de primaria, secundaria y bachillerato. Digo censales porque, y esto es muy importante, se aplicarán a todas las escuelas del país. Por el otro, se propone la autonomía de los centros. Pero, cuidado, una autonomía cautiva, una autonomía vigilada y llena de trampas. ¿Lo dudan?

Hace algunos años, dos teóricos de la así denominada gobernanza, proponían que para agilizar la burocracia gubernamental en un contexto de reducción del estado de bienestar, no era necesario que se centralizase el control de objetivos y el de procesos[5]. Bastaría, señalaban, con que se establecieran los sistemas pertinentes para verificar que los objetivos se cumplían, dejando a las organizaciones la elección de las formas de cumplimiento. Dicho de otra manera, quien gobierna marca qué hacer  (en este caso el curriculum) y ‘verifica’ si se cumple (‘las reválidas y los exámenes estandarizados y censales’), las escuelas tendrán que apañárselas como puedan para que sus resultados sean los correctos. Se centraliza el control, y se descentralizan los problemas y las responsabilidades (que siempre caerán en los centros escolares). Dar la autonomía en un terreno cautivo y de escrutinio constante, es obligarlas a dejar de ser públicas, creativas, innovadoras y a comportarse como una empresa en su funcionamiento que tiene que rendir cuentas frente a su accionista mayoritario: el gobierno de turno.

Pero la trampa es mucho más enrevesada. Tener a los centros bajo el control constante de unas pruebas censales, permite al gobierno establecer un ranking de escuelas. Y pueden ustedes adivinar qué tipo de escuela quedarán en los primeros puestos y quiénes en los últimos[6]. Muchas escuelas públicas que trabajan con poblaciones de barrios marginados, con dificultades económicas, altas tasas de paro y con un bajo capital cultural, tendrán serias dificultades para sobrevivir en un ranking que legitima la injusticia y la desigualdad. El paso siguiente hacer que las gestione la iniciativa privada con fondos públicos al modo de las Charter Schools Norteaméricanas. Situación a la que espero no tengamos que llegar, porque como también escribió Argüelles, “opara que el espíritu público pueda dirigirse al grande objeto de formar verdaderos españoles… es preciso que no quede confiada la dirección de la enseñanza pública a manos mercenarias”[7].


[1] de Argüelles, Agustín Discurso preliminar a la Constitución de 1812. Introducción y Edición de L. Sánchez Agesta. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid. 2011. Agradezco al profesor Marcelo Caruso de la Humboldt-Universität zu Berlin que me haya recomendado a este pensador de la Ilustración Española.

[2] He tratado este tema hace tiempo en un trabajo titulado Neoliberalismo o el surgimiento del mercado educativo. Publicado en Kikiriki (1995), nº 35 y en la web en Firgoa.

[3] Por ejemplo, La propuesta para el anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. No mencionaremos aquí las salidas de todo verbales del Ministro, aunque parezcan muy creíbles.

[4] Algo que ocurre en Chile con la implantación del SIMCE desde el final de la dictadura Neoliberal de Pinochet.

[5] Osborne, D. y Gaebler, T. (1994) La reinvención del gobierno. La influencia del espíritu empresarial en el sector público. Barcelona. Paidós.

[6] La segregación en la ESO entre las dos vías, rompiendo con el sentido de enseñanza común para todos los ciudadanos, no hace más que redundar en lo que estamos señalando.

[7] La ex-presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, cuando se declara doceañista, olvida estas serenas opiniones de uno de los más ilustrados precursores y defensores de la constitución de 1812.

Publicado en ESCUELA  Núm. 3.955 (1.301)  27 de septiembre de 2012

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