Sociedad civilizada y sociedad decente

Una de las primeras medidas que tomó nuestro lenguaraz ministro de educación (Ignacio Wert) fue la de arremeter contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Más allá de calmar las ansias de control de nuestro zafio episcopado y las no menos ansiosas necesidades del conservadurismo beato, pacato e intolerante, la medida tenía un calado político y social mucho más importante. En realidad, no hacía más que intentar romper la siempre frágil arquitectura de una sociedad civilizada y decente. Avishai Margalit[1] ha argumentado que una sociedad decente es aquélla en la que las instituciones no humillan a los ciudadanos y una sociedad civilizada es aquélla en la que los ciudadanos no se humillan unos a otros.

La base y los cimientos de una sociedad decente está en la civilidad de sus ciudadanos. Cuando los ciudadanos se respetan unos a otros, se educan, se ayudan, se cuidan y no sólo toleran las diferencias y las divergencias, sino que las protegen y exaltan, están constituyendo ese dique protector por el que las instituciones se cuidarán mucho de humillar y maltratar a la ciudadanía. Sólo cuando los ciudadanos como colectivo actúan civilizadamente, según los términos que acabamos de señalar, la ciudadanía tiene la fuerza suficiente para exigir y demandar a las instituciones una actuación decente. Dicho de otra manera, sólo cuando la ciudadanía se comporta colectivamente de un modo civilizado, las exigencias de claridad, transparencia, honestidad, justicia, racionalidad y equidad formuladas a las instituciones políticas, económicas, judiciales y, sobre todo, a los medios de comunicación, se convierte en algo normal, es decir, en un derecho ciudadano que nos compete a todos y a todas como miembros de la ciudadanía; un derecho cuyo ejercicio nos hace a su vez ciudadanos y ciudadanas. El único freno a los desmanes, abusos, corrupciones, nepotismos e injusticias de las instituciones (públicas o privadas), es la ciudadanía civilizada.

Por el contrario, cuando poco a poco la ciudadanía va claudicando y aceptando la extensión de la humillación institucional (es decir, que unos humillen a otros, de cualquier manera que podamos concebir) creamos un terreno propicio para que las instituciones puedan humillar a la ciudadanía sin esperar ningún tipo de oposición, o en todo caso críticas débiles, minoritarias y sectoriales. Como nos recuerda Avishai, sólo los humanos y las instituciones organizadas y conducidas por ellos, nos pueden humillar. Cambiar ‘educación para la ciudadanía’ por una especie de vuelta a los principios del movimiento nacional, tiene como objetivo de socavar la civilidad en nuestra sociedad y en las futuras generaciones. Omitir, e incluso eliminar, derechos de grupos supuestamente minoritarios, ocultar la diversidad familiar que hemos creado y aceptado; borrar de un plumazo el amor y la sexualidad diversa y polifónica; menospreciar el ejercicio de nuestros derechos, o hacernos creer que no son tan importantes; constituyen, sin duda, los primeros pasos para que se resquebraje la civilidad ciudadana y con ella, se justifique y tolere la indecencia institucional. Cuando se extiende la desidia y la dejadez moral, cuando sólo nos llega a importar lo nuestro, cuando todo lo extraño, distinto y extranjero se entiende como intromisión y amenaza, entonces comienza a desaparecer nuestro sentido de sociedad civilizada. Por extensión, una sociedad que pierde dicho sentido es una sociedad tolerante con la indecencia, con la humillación de otros seres humanos, sean o no españoles. Así que nuestro ministro sabe muy bien lo que hace.

¿Exagero? Menos de lo que debiera. ¿Cómo si no puede nuestra sociedad llegar a soportar lo que está ocurriendo? Veamos. En España, el porcentaje de hogares con un nivel de pobreza alta ha llegado al 13,7% en 2010 y, en consecuencia, un 24% de la población menor de 18 años se encuentra en el umbral de pobreza. Las diferencias entre ricos y pobres en España se han incrementado (según ha alertado Cáritas)[2]. Es más, en plena crisis, el número de particulares con más de 800.000€[3] aumentó en 16.000, el doble que el registrado en Alemania[4]; como ha aumentado el número de grandes fortunas que también dobla al aumento en Alemania y supera al de Italia y Francia[5]. Todo ello se produce en un momento en el que el Consejo Económico y Social ha alertado de que el 50% de los hogares españoles viven peor que antes de la crisis[6]; el Instituto del Menor en la comunidad de Madrid cierra centros de atención temprana; en Castilla La Mancha se cierran 600 grupos escolares; el Gobierno de Aragón cierra centros de salud, elimina 45.000 becas de comedor (pero ofrece cerca de un millón de euros a un programa exclusivo de la Enseñanza Concertada), retira la tarjeta sanitaria a ‘sin papeles’ y trata de impedir la entrada de sus hijos en los centros públicos.

 

La única manera de soportar esta crueldad se encuentra en resquebrajar los tenues lazos que todavía existen en la sociedad. Romper con nuestra decencia como sociedad y nuestra civilidad como colectivo, aquí está la cuestión y el problema. Aceptar el desamparo, la desprotección de quien más lo necesita, romper las aspiraciones legítimas y beneficiosas de toda una generación, restringir el futuro de la mayoría, dejarnos llevar por el miedo, eso es lo que sustenta la humillación de nuestras instituciones y su indecencia. Hoy más que nunca necesitamos escuelas públicas y docentes con coraje cívico y valentía para que las nuevas generaciones aprendan a defenderse como colectivo civilizado y a reclamar decencia a nuestras instituciones. Y hay muchas más –escuelas y docentes- de lo que nuestro ministro imagina, estoy seguro.


[1]La sociedad decente. Barcelona. Paidós. 2010

[2] ¿Recuerdan que cuando se insinuó que le querían tocar el IBI al Presidente de la Conferencia Episcopal Rouco Varela, amenazó con reducir los fondos de Cáritas?

[3] Claro, esas cantidades no son nada, si aceptamos la prima a nuestra selección de futbol y el reloj de 300.000€ de nuestro insigne tenista; y si, además, cerramos los ojos cuando gestionan su patrimonio a través de paraísos fiscales para no pagar impuestos, con la esperanza siempre puesta en una amnistía fiscal. Según técnicos del Ministerio de Hacienda el fraude fiscal alcanza la friolera de 90.000 millones de euros.

[4] Según el informe del nada izquierdoso Merrill Lynch Global Wealth Management para España y Portugal

[5] Según ha indicado el Consejo Económico y Social en su último informe, las rentas más altas son siete veces mayores que las más bajas, cuando la media europea es de cinco veces; lo que no es poco.

[6] Según Strategic Research Center de EAE Business School, el gasto público por habitante en España de 10.224, un 1,5% menos ahora que en 2010.

Publicado en ESCUELA28 de junio de 2012 Núm. 3.951 (1.113)

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