LA PÉRDIDA DEL SENTIDO DE LO PÚBLICO EN LA EDUCACIÓN

En una rueda de prensa el 8 de abril de 2010, el por entonces presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, afirmó con total claridad que “el mercado siempre tiene razón, y tiene que ser plenamente respetado en todo momento”. Cuando un periodista inquirió: “Disculpe. ¿Ha dicho usted que el mercado siempre tiene razón?”  Trichet remarcó: “Sí, he dicho que el mercado siempre tiene razón”.  Hace muy poco (el 24 de Febrero de este año, tal como recogió The Wall Street Journal) el actual presidente de dicho banco (BCE), Mario Dhargi, dijo –sin inmutarse- que el celebrado modelo europeo del Estado de Bienestar (sustentado en el trabajo seguro y en sistemas sociales de protección), estaba acabado. Afirmación que no hacía más que redondear la advertencia sobre el riesgo económico ”de que la gente viva más de lo esperado”, que nos soltó Christine Lagarde presidenta del Fondo Monetario Internacional el pasado 11 de Abril.

Desde luego resulta recusable y digno de repudio que estas declaraciones procedan de altos ejecutivos con la vida asegurada[1]. Por poner un ejemplo, la Señora Christine Lagarde cobra 340.000€ netos al año y dispone de unos 58.000€ de gastos de representación, sin contar la cuantiosa pensión de la que gozará cuando acabe su mandato. Pero es mucho más triste el hecho de que las declaraciones reflejen con una claridad vergonzante, el estado de opinión que se quiere imponer a este país y a toda Europa. Dicho de manera más rotunda y directa: se está socavando y aniquilando el sentido de lo público.

La preeminencia del mercado por encima de todas las cosas; la presión que ejercen las políticas restrictivas sobre los derechos; el asalto y demonización de los profesionales públicos; la mercantilización de los servicios asistenciales, educativos y sanitarios, cuando no su desaparición como derechos de la ciudadanía; la conculcación de derechos cívicos -conculcación que viene asociada a la de los sociales-; el desprecio a los procesos democráticos; la persecución de la independencia de las pocas instituciones autónomas que quedan[2]; y la frialdad, intransigencia y desprecio que muestran constantemente nuestros gobernantes, con los más desfavorecidos, sean estos inmigrantes o nacionales, no son más que muestras de la destrucción de lo público y, con ello, de la ciudadanía.

Veamos algunos datos. Según Eurostat, el 16% de la población Europea se encuentra en riesgo de pobreza. En España hemos pasado de un 23.4 % en 2009 a un 25.5% en 2010 (un total, aproximado, de 11 millones de españoles). En 2010, éramos uno de los países europeos con más alta tasa de pobreza infantil (17,2%), sólo superados por Portugal (con un 18,7%)[3]. Mientras que la media de inversión en educación de la Europa de los 15 es del 5,5% del PIB, en España es de un 4,3%; porcentaje que en Madrid -gobernada por la neoliberal Esperanza Aguirre-, se reduce al 2,46%, situándose a la cola de inversión de toda Europa[4]. Pero claro, resulta que desde 2007, en dicha comunidad se han ‘regalado’ más de 50 parcelas de suelo público para construir escuelas privadas, se ha promulgado una desgravación fiscal de hasta 900€ a las familias que matriculen a sus hijos en centros privados[5] y, por si fuera poco, se han despedido a más de 3.000 profesores interinos del sistema público en los últimos años[6]. Añadamos –last but not least- el incremento de las tasas universitarias, recientemente anunciado.

Se trata, de un acoso deliberado al espacio público, un espacio –siempre amenazado- que es el de la ciudadanía, la equidad, el servicio y la justicia; un espacio cuya integridad es esencial al gobierno democrático y al bienestar social, tal como nos recordaba David Marquand, en su excelente análisis de la Era Thatcher en el Reino Unido[7]. Y es este punto en que quería enfatizar. Acosar a la escolaridad pública es mermar un espacio público fundamental que constituye un bien común para todos nosotros como ciudadanos; tengamos o no hijos e hijas en edad escolar. Sólo en el espacio público y, por extensión, en la escolaridad pública, podemos asegurar el desarrollo de las virtudes cívicas, que como ha señalado Victoria Camps[8], son las disposiciones básicas del compromiso individual y colectivo con el interés público; es decir, con un interés para y sobre el común.

La escolaridad pública es, utilizando la hermosa idea de la premio novel de economía Elinor Ostrom[9], un procomún; no pertenece ni al estado y ni mucho menos a entidades, individuos o grupos privados. Nos pertenece a todos como ciudadanos y todos somos responsables de ella. Por eso, cuando nuestro gobierno actúa contra la escuela pública e, incluso, cuando los docentes de la pública mandan sus hijos e hijas a centros privados, imitando el ejemplo de nuestros gobernantes con lo suyos, estamos atentando y amenazando la frágil ecología del común. Contaminar las aguas, devastar los bosques y los parques naturales, cerrar bibliotecas y acabar con la escolaridad pública, todo es lo mismo: atentar contra el común, i.e. el bien común. Defender el común es una tarea, a su vez, común; de docentes, familias y alumnado y de la ciudadanía en su conjunto. Y ya es hora de que nuestros gobernantes empiecen a darse cuenta de ello.


[1] Añádase, y es algo en lo que no se suele caer, que en cálculos aproximados, cualquiera de dichos altos ejecutivos puede llevar consigo unos 6.000€ en complementos; estoy pensando en la ropa, el reloj, los gemelos, las gafas y otros abalorios.

[2] Como por ejemplo, el asalto a la independencia de RTVE.

[3] La Vanguardia 03/12/2010

[4] Para más datos, véase el informe de CCOO de 2012: ¡Que no nos recorten en futuro! Impacto de la crisis en educación.

[5] Privado y concertado es lo mismo.

[6] Recordemos que en la Comunidad Valencina, no se construyen centros públicos, sino barracones; al estilo de campos de concentración. Mientras sí se construyen aeropuertos que permanecen cerrados tras su inauguración.

[7] Marquand, Davir (2004) Decline of the Public.  Cambridge. Polity Press.

[8] (2011) El gobierno de las emociones. Barcelona. Herder.

[9] (2011) El gobierno de los bienes comunes. México. F.C.E.

Publicado en  ESCUELA el 3 de mayo de 2012.  Núm. 3.943 (737)

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